03 Jul 2019

Maíz, limitar los riesgos públicos y los beneficios privados

Hilda Cota Guzmán.

Socióloga.

 

 

En la época contemporánea vivimos un cambio sin paralelo con otros momentos de la historia en cuanto al uso tecnológico. Las consecuencias son de muy diversa índole, de entre ellas considero que interesan particularmente la bioseguridad y la seguridad alimentaria, por los riesgos que implica la disminución de la biodiversidad.

 

En el anterior orden de ideas, algunos recursos genéticos, recursos naturales determinados como estratégicos, fundamentalmente en términos económicos, de manera progresiva van teniendo propietario y pasan a ser bienes privados de los cuales somos excluidos los países pobres, las regiones pobres dentro de los países pobres, las clases sociales marginadas y en lo individual virtualmente todas las personas. Desde luego, los nuevos y felices propietarios son grandes empresas transnacionales (ET) y gobiernos de países poderosos y desarrollados. Esta situación modifica y modificará en varias modalidades la biodiversidad y también el acceso y disfrute de esos bienes/recursos (naturales/biotecnológicos) por los cuales habrá que pagar y tramitar permisos.

 

De modo que el contexto internacional, permítase denominarlo muy en general, “biotecnológico”, es caracterizado por la competitividad mediante la globalización y el uso selectivo de las nuevas tecnologías (que incluyen especialmente a la biotecnología) se modifica la capacidad soberana del Estado para generar políticas y policies (políticas o gestión). Frente a los posibles riesgos y problemas que puede producir la biotecnología moderna ha surgido la bioseguridad; me ocuparé de ésta con una concepción ampliada proponiéndola como política gubernamental, adscrita a la agenda pública y por ello su atención es parte de la política gubernamental.

 

El Estado mexicano tiene que trabajar para garantizar (progresivamente) una atención eficaz a la demanda alimentaria nacional presente y futura, es la política alimentaria. De ésta propongo a la seguridad alimentaria como el aspecto medular.

 

Las competencias gubernamentales (nivel de gestión, las policies) para atender la demanda alimentaria pueden perfectamente esclarecer el grado de autonomía de nuestra entidad estatal con respecto al exterior y por otra parte, ilustrar también las relaciones económicas y políticas de grupos sociales, instituciones y regiones.

 

La política alimentaria integra factores bioculturales, económicos y políticos, sociales como tareas o acciones de los gobiernos y diversos agentes privados pero con la normatividad y marcos de los primeros. Incluye las acciones productivas, de comercialización y de consumo, pero en sentido amplio política, económica y culturalmente; abarca en el interior del país a los individuos, a las clases sociales, a las regiones, a los estados: a toda la nación y la relaciona con otras naciones y regiones y clases dentro de éstas. En todos los casos hay nexos entre particulares y con distintos niveles de gobierno pues “lo alimentario” atraviesa todos los ámbitos colectivos.

 

Mi definición de bioseguridad enfatiza la necesidad de terminar, al menos limitar, los riesgos públicos y los beneficios privados. Han de retomarse características de sustentabilidad con política y política-gestión fundamentadas en criterios ecológicamente armoniosos, económicamente eficientes, localmente autosuficientes, socialmente justos. Asimismo concuerdo con Boege (2007) sobre salvaguardar las tecnologías tradicionales y las biotecnologías suaves que cuiden el acervo genético y el derecho de los pueblos indígenas para fortalecer la seguridad biológica e identitaria y centrar conceptos para política y políticas sobre estructura de consumo, hábitos alimentarios, patrones de consumo pues todos ellos refieren al acceso alimentario.

 

Propongo la bioseguridad vinculada a la seguridad alimentaria como conjunto de políticas, política-gestión y procedimientos científico-tecnológicos que garanticen la aplicación sin riesgo de las biotecnologías que conserven la biodiversidad, garantizando justicia ambiental; procuren la eficiencia del sistema alimentario, no vulneren la cultura alimentaria mexicana de manera transgeneracional, es decir utilizando los recursos físicos, humanos y naturales para satisfacer las necesidades actuales planeando las soluciones futuras e, intrageneracional, lo que significa comenzar a abatir eficazmente las inequidades y disparidades regionales, étnicas y de género.

 

En el orden de ideas anterior comentemos. Desde julio de 2013 en nuestra ciudad se inició una demanda contra las empresas Monsanto, Syngenta, Pioneer-Dupont y Dow.

 

La demanda que también incluyó a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), fue y es para impedir el cultivo y libre comercialización de maíz transgénico. Es importante recordar que esta demanda ha sido impulsado por muy distintos tipos de ciudadanos, desde científicos hasta personas interesadas en la temática. En estas actividades cobra importancia la denominada Colectividad del Maíz.

 

En agosto de 2015 el juzgado federal décimo segundo de distrito en materia civil negó la suspensión definitiva a la siembra de transgénicos en el país. Pero a principios de marzo pasado, el segundo tribunal unitario en materias civil y administrativa, a cargo del magistrado Benjamín Soto Sánchez hizo válida una sentencia de apelación que impide a la SAGARPA otorgar permisos para siembra de maíz transgénico, para que esto llegase a concretarse habrá que esperar a que se dé resolución a la solicitud de prohibición permanente y definitiva.

 

Para los demandantes, se puede pensar como un triunfo el interpretar como ilícita la siembra de transgénicos y renovar las argumentaciones de cómo afecta a los maíces nativos.

 

La información fue difundida por Adelita San Vicente Tello y el representante legal René Sánchez Galindo, quienes puntualizaron que ahora se podrá hacer del conocimiento público y particularmente de científicos especialistas los resultados mensuales de evaluaciones si se llevasen a cabo siembras experimentales. Podría darse el caso de revocación de permisos.

 

Los especialistas plantearon que tendrán especial cuidado con el uso del herbicida glifosato, un químico que ocasiona erosión de la tierra y libera paulatina y prolongadamente DDT, insecticida prohibido desde hace 30. Además, la Organización Mundial para la Salud (OMS) lo catalogó en 2015 como un posible carcinógeno. Por ello la idea de triunfo.

 

PARA SABER MÁS.

Comunicación personal con René Sánchez Galindo y Francia Gutiérrez Hermosillo (2015).

 

Boegue, Eckart, “Inventarios de la agrobiodiversidad en territorios de los pueblos indígenas”, ponencia presentada en el VI Congreso AMER, Veracruz, octubre 2007, pp. 22-26.

 

Colectividad del Maíz, Boletín de Prensa, marzo 2016.

 

Cota Guzmán, Hilda Irene. Bioseguridad y seguridad alimentaria en el México de principios del siglo XXI. Tesis de doctorado UAM Azcapotzalco, julio 2012.

 

CÍTANOS.

Cota Guzmán, Hilda, “Maíz, limitar los riesgos públicos y los beneficios privados”, Claustronomía. Revista gastronómica digital, Universidad del Claustro de Sor Juana, México, D.F., 2016, <www.claustronomía.mx>.


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